Durante los primeros años del México independiente, la firma de tratados en muchos sentidos podría representar perjuicio al país. Baste recordar que México había tenido no hacía mucho tiempo dos tratados que habían sido bastante nefastos. En 1848 se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo cerrando así la guerra con los Estados Unidos iniciada 2 años antes. México quedaba así sin el 55% del territorio nacional y con un dolor a la soberanía nacional sin precedentes; pero el dolor de perder territorio no se quedo allí, cinco años después, en 1853 se vende La Mesilla, una extensión de setenta y seis mil kilómetros cuadrados, a los Estados Unidos, haciendo más grande el dolor al orgullo nacional. Por eso cuando en 1859 se anuncia la realización de un nuevo tratado con los Estados Unidos en plena Guerra de Reforma por parte de Benito Juárez, el escepticismo y la desconfianza fue mayúsculo ya que había razones para ello, además venía antecedido por varias interrogantes: ¿En qué consistía ese nuevo tratado? ¿Cuán benéfico o perjudicial sería para el país?
El objeto del deseo.
El 1 de marzo de 1842 se le dio la concesión al contratista José De Garay para construyera, “en muy poco tiempo”, un ferrocarril o camino por el Itsmo de Tehuantepec, el tiempo de trabajo era de 18 meses más 10 improrrogables para que comenzara las obras; sin embargo estas nunca se realizaron. Por absurdo que parezca la concesión se ratificó en la presidencia de Nicolás Bravo debido a las razones que argullo De Garay para justificar el no haber hecho los estudios, y se amplió en la de Valentín Gómez Farías sin que de nueva cuenta se iniciaran los trabajos. A mediados de 1844 el Congreso canceló la concesión al pasar los 28 meses acordados. Pero durante la presidencia de Mariano Salas se le ratificó la concesión a De Garay el 5 de noviembre de 1846 por dos años más. Recordemos que durante ese periodo México vivía muy turbulentamente con muchos cambios de presidentes después de varias asonadas y revueltas, De Garay le cedió los derechos a la firma inglesa Manning, Makintosh & Schneider el 21 de agosto de 1846.
Durante las negociaciones de la cesión territorial de la guerra de 1847, se volvió a poner en la mesa por parte de los Estados Unidos la obtención de un paso por el Istmo de Tehuantepec (y varias rutas más), llegando a ofrecer quince millones de dólares, cosa que no prosperó. Los negociadores mexicanos Luis G. Cuevas, Bernardo Couto y Miguel Atristáin sostuvieron que esa concesión pertenecía a la corona británica. Sin embargo, la firma Manning, Makintosh & Schneider cedió los derechos a la norteamericana Peter A. Hargous & Bross el 27 de octubre de 1848. En 1850 los Estados Unidos firmaron con Inglaterra el tratado Clayton-Bulwer, que consistía en cederse mutuamente de derechos iguales en la construcción de una ruta interoceánica por Centroamérica, que incluía el Istmo, aunque ya los Estados Unidos habían iniciado tratos con Colombia para hacer un camino por el Istmo de Panamá desde diciembre de 1846.
El 6 de febrero de 1850 presentó sus credenciales ante el presidente José Joaquin Herrera, Robert P. Letcher, quien se mostró muy activo en México, ya que logró que se firmara el 22 de junio de 1850 un tratado en que se señalaba que los Estados Unidos auxiliarían al gobierno mexicano en la protección del “camino, ferrocarril o canal, que atravesando el Itsmo de Tehuantepec comunique los océanos Atlántico y Pacífico…siempre que sea solicitado por el gobierno mexicano”. Además, se le condecían privilegios en el tránsito al Gobierno y ciudadanos estadounidenses. Este tratado resultaba un tanto ambiguo, por ello no fue aprobado por el Gobierno estadounidense; además a Letcher se le instruyó para que fuera más preciso al definir la hegemonía política y militar en la zona. La petición fue hecha en un tono de ultimátum. Las negociaciones fueron largas y complicadas, pero en ellas el representante mexicano, Manuel Gómez Pedraza, rechazó la propuesta, pero en vez de eso se firmó “El Convenio entre la Republica Mexicana y los Estados Unidos de América, para proteger una vía de comunicaciones por el Istmo de Tehuantepec”, el 25 de junio de 1851 por el presidente Mariano Arista.
Un mes antes, el 22 de mayo de 1851 Congreso mexicano había confirmado la caducidad de la concesión dada a De Garay, nulificando todas las cesiones anteriores y afectando a la firma estadounidense, lo que propició a que el presidente Millard Fillmore le escribiera en marzo de 1852 al presidente Arista pidiéndole, más bien amenazándolo, con una nueva guerra si no suspendía o modificaba dicha caducidad. El problema se lo pasó Arista al siguiente presidente interino Juan Bautista Ceballos (recordemos que en el México de ese tiempo los cambios de presidentes eran muy seguido) y éste extiende una nueva concesión a A.G. Sloo el 5 de febrero de 1853, bajo el esquema de una empresa en la cual el gobierno mexicano sería socio y en el donde los socios extranjeros no tuvieran la posibilidad de reclamación a través de sus gobiernos; este contrato permitía un paso libre a toda nación y se negociarían tratados con diversos países para que se pactara la neutralidad de paso en caso de guerra.
Posteriormente el presidente Manuel María Lombardini celebró con los Estados Unidos un acuerdo donde se establecía la obligación de los dos países de proteger a las personas que hicieran uso del camino, así como las propiedades usadas en la obra y permitiendo el paso de tropas estadounidenses por el istmo (éste último siendo una clausula del artículo 8). El acuerdo fue ratificado por el Congreso mexicano el 29 de marzo de 1853 pero rechazado por el estadounidense pese a lo conveniente que era para ellos.
La Mesilla.
El nuevo gobierno estadounidense encabezado por Franklin Pierce dio instrucciones a su embajador James Gadsen donde se le decía que para conseguir en ferrocarril transcontinental que saliera de Boca del Río, Veracruz, al Pacifico, se tenia que mover más al sur, pero no solo eso, también le planteaba la amplia posibilidad de adquirir gran parte del territorio nacional. Para convencer al entonces presidente de México Antonio López de Santa Anna de ello, el embajador Gadsen le escribió una carta el 29 de noviembre de 1853 donde le exponía la necesidad de aceptar la expansión territorial de los Estados Unidos pregonada en el Destino Manifiesto.
Tras mucha presión por parte del gobierno estadounidense, el presidente Santa Anna y su homólogo estadounidense Franklyn Pierce, luego de un mes exacto de negociaciones, firman el Tratado de La Mesilla (o Gadsen como le llaman en Estados Unidos) donde México vende setenta y seis mil kilómetros cuadrados (para ser exactos 76,845 k2). Este tratado también zanjó cuatros cuestiones importantes, tres a favor de los estadounidense y una del mexicano.
Estas fueron:
Primero.- Se anulaba lo estipulado en el articulo 11vo del Tratado Guadalupe Hidalgo, en el sentido de que los Estados Unidos estaban obligados a contener las incursiones de los indios bárbaros sobre la frontera mexicana.
Segundo.- Cedía a los Estados Unidos el territorio llamado La Mesilla, con el objeto de dar paso al ferrocarril transcontinental Nueva Orleans – San Diego.
Tercero.- Eliminaba definitivamente las reclamaciones que México podía haber presentado contra los Estados Unidos por incumplimiento del artículo 11vo del Tratado Guadalupe Hidalgo.
Cuarto.- Estados Unidos, el artículo tercero del nuevo tratado, se hacía cargo de las reclamaciones de sus conciudadanos contra México, hasta la fecha de la firma, incluyendo las derivadas de la concesión dada a De Garay.
Y aprovechando la ocasión, se incluyó un artículo, el octavo, que decía:
“Habiendo autorizado el Gobierno Mexicano, en 5 de febrero de 1853, la pronta construcción de una camino de madera y de un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, para asegurar de una manera estable los beneficios de dicha vía de comunicación a las personas y mercancías de los ciudadanos de México y de los Estados Unidos, se estipula que ninguno de los dos Gobiernos pondrá obstáculo al tránsito de mercancías y personas de ambas naciones y que, en ningún tiempo, se impondrán cargas por el tránsito de personas y propiedades de los ciudadanos de los Estados Unidos, mayores de las que se impongan a los personas y propiedades de otras naciones extranjeras, ni ningún interés en dicha vía de comunicación o en sus productos se transferirá a un Gobierno extranjero”.
El gobierno estadounidense no remitió el tratado a su Senado para su ratificación, pero sí eliminó toda referencia a la concesión hecha a De Garay en una modificación posterior. En el proyecto de resolución se hicieron modificaciones que sólo beneficiaron a los Estados Unidos, creándole a México obligaciones respecto al tránsito de tropas y municiones por el Istmo, y garantizando franquicias aduaneras a los objetos y mercancías estadounidenses y sus ciudadanos en tránsito, quedando estos últimos libres de pasaportes y cartas de seguridad. Por último autorizaba a los Estados Unidos la protección de la obra. Este tratado, así como el citado artículo octavo, parecía indicar que por fin el deseo ardiente de los Estados Unidos de tener libre tránsito de personas y mercancías para unir los dos mares por el Istmo de Tehuantepec se cumpliría al fin.
Tantas concesiones al gobierno estadounidense propiciaron que Santa Anna buscara en Europa el apoyo para hacer una monarquía en México. Sin embargo, el 1 de marzo de 1854 se proclama el Plan de Ayutla contra la dictadura de Santa Anna, y entre los párrafos de dicho Plan se encontraba el siguiente: “Que debiendo conservar la integridad de la República ha vendido una parte considerable de ella, sacrificando a nuestros hermanos de la frontera del Norte, que en adelante serán extranjeros en su propia patria, para ser lanzados después, como sucedió con los californios”. Por ende, los planes de que se cumpliera el citado artículo octavo tendrían que esperar.
México se convulsiona.
El 9 de agosto de 1855 Santa Anna abandona la Ciudad de México, y para principios de octubre Juan Álvarez es designado presidente provisional de México; los Estados Unidos se apresuraron a reconocer el gobierno por medio del embajador Gadsen. Para julio de 1856 Gadsen fue cambiado por John Forsyth quien presentó sus credenciales al gobierno de Ignacio Comonfort (presidente electo) el 23 de octubre de ese mismo año. De inicio Forsyth se mantuvo pasivo debido a los cuartelazos tan frecuentes contra el gobierno de Comonfort, por ello mismo analizando la situación del país comunicó a su gobierno que dadas las condiciones de inestabilidad, México era incapaz de regenerarse a sí mismo, por ende los Estados Unidos tendrían que apoyar un gobierno nacional que fuera respaldado de inicio por acuerdos comerciales y militares para después desembocar en “el establecimiento de un protectorado americano”.
Los Estados Unidos de nueva cuenta vuelven a poner en la palestra sus intenciones de tener acceso a los dos mares por el Istmo, por ello instruyen a Forsyth para presentar una propuesta al gobierno mexicano de 12 millones de pesos para comprar Baja California, gran parte de Sonora y el norte de Chihuahua, además de solicitar que con base al artículo octavo ya citado Tratado de la Mesilla se iniciaran los trámites para el convenio de libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec. En el párrafo dos del documento con las instrucciones enviado a Forsyth le enfatiza que “Estados Unidos adquirió un derecho de tránsito a través del Istmo, que nunca y bajo ninguna circunstancia abandonará”. Además de instruyó para que se celebrara otro tratado que ampliara el hecho en 1853. Comonfort rechaza la propuesta y maniobra hábilmente para permitir que la compañía The Lousiana Tehuantepec Co, que no era otra sino una renovada A.G. Sloo, operara en la construcción del camino por el Istmo y de esa forma calmar los reclamos estadounidenses.
Sin embargo, el 17 de diciembre de 1857 se proclamó el Plan de Tacubaya por parte Félix Zuloaga y alteró cualquier negociación, ya que ésta propició que hubiera dos gobiernos simultáneos en el país: el liberal, que comandaba Benito Juárez y era un gobierno de iure (de derecho, o legal) y el conservador de Félix Zuloaga, un gobierno de facto. Este hecho no es menor, ya que a diferencia de revueltas anteriores, ésta no sólo era para cambiar de presidente, sino de imponer una forma de gobierno que reformaría por completo la vida nacional El presidente Bucannan aprovechó esta coyuntura para ofrecer el reconocimiento estadounidense al gobierno conservador a cambio de que sus pretensiones fueran cumplidas, pero el 5 de abril de 1858 el Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Zuloaga, Luis G. Cuevas, notifica el rechazo a las peticiones estadounidenses.
En tanto, Benito Juárez envió a Washington a José María Mata para buscar el reconocimiento estadounidense al gobierno liberal, pero Buchanan para diciembre de 1858 aun no reconocía al gobierno juarista, y en palabras de Mata, Buchanan esperaba “que ventajas podía sacar de la situación indefinida en que nuestro país se halla”. Pero los Estados Unidos no se quedarían con los brazos cruzados con tal de obtener esa concesión, ahora llevaron su propuesta al bando liberal.
Buchanan sigue moviendo sus piezas y envía de forma secreta a William M. Churchwell a México quien desembarca el 19 de enero de 1859 en Veracruz, teniendo la misión de presentar un informe de la situación del país. Churchwell presenta una situación real de México, pero sus conclusiones presuponen que debido a la presión de Miramón, el gobierno de Juárez con tal de obtener el reconocimiento de los Estados Unidos aceptaría todas las condiciones. Pese a no encontrarse registros de una reunión formal con Juárez, si se entrevistó con Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada, exponiéndoles la cesión de Baja California y la mejora en el tránsito de Nogales a Guaymas, de Monterrey a Mazatlán y por el Istmo. Poco después envió una carta confidencial al gobierno de Buchanan describiéndole un protocolo convenido con los representantes mexicanos donde el gobierno constitucional aceptaba establecer un paso a perpetuidad por el istmo y la cesión de Baja California, además de detalles relacionados con la protección de las líneas de tránsito de indios hostiles mediante guarniciones militares ya fueran de México o de los Estados Unidos. Llegados los informes de Churchwell del 8 y 21 de febrero de 1859, Bucahanan reconoce al gobierno de Juárez.
Se gesta el tratado.
El 1 de abril de 1859 desembarcó en una ciudad de Veracruz, Robert Milligan McLane, enviado del presidente James Bucannan, con el reconocimiento del gobierno juarista en un brazo y en el otro la compra definitiva de Baja California y el paso por el istmo. En los primeras reuniones Melchor Ocampo le pide que se traten por separado la cesión de Baja California y luego le presenta un proyecto que no incluía la cesión pero si una alianza ofensiva y defensiva. McLane no está de acuerdo con ello ya que se esos tratados se salían de sus precisas instrucciones. Miguel Lerdo acepta, parece que sin conocimiento de Juárez, ceder Baja California pero “duda que el Congreso que será elegido en octubre próximo, pueda ser inducido a ratificar esta clausula del Tratado que ahora se pone a pone a nuestra consideración”. Muchos historiadores sostienen que esa fue una maniobra hábil de Lerdo de Tejada porque el Congreso difícilmente sesionaría para esas fechas ya que la guerra no veía para cuando terminar. Se ha comentado que Juárez en cuanto supo de lo convenido en lo referente a la cesión de Baja California, desconoció toda validez al respecto. Pero más bien fue lo que provocaría en sí ese tratado agregándole la cesión territorial lo que evitó su aplicación, algo que ni el país toleraría ni ninguna de las causas liberales lo podían justificar.
La negociación fue larga e intensa para forzar al gobierno mexicano a vender parte de su territorio. Primero el gobierno mexicano adujo que la venta no podría ser posible porque los estados del norte no lo aceptarían, en respuesta los estadounidenses presionaron para que no se le prestara dinero a México hasta que se firmara la cesión. En ese momento el gobierno liberal estaba obteniendo triunfos que le daban una mejor posición para negociar. Sin embargo ese 1859 fue para el bando liberal muy fluctuante y complicado ya que necesitaba urgentemente dinero para financiar la guerra y las Leyes de Reforma, que pese a que no se estaba aplicando a cabalidad, sí mermaban al bando conservador. Siendo la respuesta el Tratado Mon- Almonte, firmado por el ministro del gobierno conservador ante el emperador francés Juan Nepomuceno Almonte y el embajador español Alejandro Mon el 26 de septiembre de 1859. El tratado restablecía las relaciones con España (y por ende su reconocimiento al gobierno conservador). Además de una muy alta indemnización por asesinatos daños, perjuicios y despojos cometidos contra ciudadanos españoles, y un préstamo que se debería de pagar al final de la guerra. Este tratado representó un duro golpe a la diplomacia juarista. Pero son sólo eso ya que los conservadores intentaban ganarse al emperador francés para así buscar su reconocimiento.
Ese mismo diciembre el presidente Buchannan ejerció presión en el Congreso estadounidense donde dijo que las reclamaciones hechas por sus compatriotas en suelo mexicano eran justas porque la anarquía estaba creciendo; también expresó que los Estados Unidos rechazaban de forma tajante la intervención de potencias europeas en México (la doctrina Monroe) y que esa intervención era una amenaza real, por ende solicitaba al congreso “que dicte una ley autorizando al presidente, bajo las condiciones que parezcan más convenientes , para que emplee una fuerza militar lo suficientemente para invadir México con el propósito de obtener indemnización por lo pasado y seguridad por el futuro”.
Las palabras pronunciadas por Buchanan eran muy claras y mostraban lo débil que veían a México, pero indicaban algo más. Buchanan pertenecía al partido esclavista y hacia poco se había roto el equilibrio en el congreso estadounidense entre los dos partidos, acrecentando la posibilidad de expandir su territorio a costo de México, siendo su ambición Sonora y Sinaloa. Pero también daba el mensaje claro de que la influencia estadounidense en la región iba creciendo, cosa aceptada y fomentada por los dos partidos.
Con todas estas noticias llegando a Veracruz, más el distanciamiento entre Vidaurri, jefe del Ejército Liberal del Norte, con Juárez, y la derrota de Santos Degollado en la batalla de la Estancia de las Vacas (Querétaro) ante Miguel Miramón el 13 de noviembre de 1859, el ataque de Miramón a Veracruz era inminente; sumémosle que éste gestionaba en La Habana con corona la española la adquisición de unos barcos para bloquear desde el mar Veracruz. Los ánimos liberales decaían sensiblemente. ¿Qué tendrían que hacer Juárez y los liberales? ¿Tendrían que firmar el tratado bajo las condiciones impuesta por los estadounidenses o buscar uno más adecuado a las circunstancias extremas en las que se encontraban? Seguramente Juárez y los que lo acompañaban sintieron al ejército estadounidense ya en las puertas de Palacio Nacional, pero no sólo era la amenaza de los Estados Unidos sino también la interna apoyada por España.
Miguel Lerdo de Tejada y José María Mata pujaban por el acercamiento con Buchannan, ya que de concretarse un acuerdo con él se le quitarían las excusas para invadir México, salvando así al país. Pero, ¿hasta qué grado? Tanto Lerdo de Tejada como Mata creían, así también muchos liberales, que haciendo cesiones y concesiones al gobierno estadounidense salvarían a la nación aun a costa del honor.
El tratado.
Así las cosas, tras once meses de intensas negociaciones, el 14 de diciembre de 1859 se firmó por Milligan McLane y Melchor Ocampo en la ciudad de Veracruz, el Tratado de tránsitos y Comercio entre los Estados Unidos y México. Éste consta de once artículos más dos convencionales. Y en resumen son:
Primero.- Por vía de ampliación del artículo octavo del tratado del 30 de diciembre de 1853 (La Mesilla), cede la República Mexicana a los Estados Unidos y sus conciudadanos y bienes, en perpetuidad, el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar, o por cualquier camino que actualmente exista o existiese en lo sucesivo.
Segundo.- Convienen ambas repúblicas en proteger todas las rutas existentes hoy o que existieren en lo sucesivo al través de dicho istmo, y en garantizar la neutralidad del mismo.
Tercero.- Al usarse por primera vez la vía, el gobierno de México no impondrá derechos a efectos o mercancías y que no estén destinados a venderse en el país. Tampoco se impondrán a los extranjeros y sus propiedades que pasen, contribuciones mayores a las que se impongan a las personas y bienes mexicanos, siempre y cuando las valijas pasen cerradas y no hayan de distribuirse en el país.
Cuarto.- México construirá almacenes en los dos puntos Este y Oeste para el guardado de las mercancías, pudiéndose retirar posteriormente para el paso de la misma, pudiendo vender y consumir dichos productos dentro la República Mexicana, previo pago de derechos.
Quinto.- Conviene México que si en algún tiempo se hiciese necesario el empleo de fuerzas militares para la seguridad y protección de las personas y bienes que pasen por dichas rutas, empleará la fuerza necesaria para tal efecto; pero si en cualquier causa dejase de hacerlo, el gobierno de los Estados Unidos, con el consentimiento, o a petición de México, o de su ministro en Washington, o de las competentes autoridades locales, civiles o militares, podrá emplear tal fuerza con este y no con otro objetivo, retirándose cuando a opinión del gobierno mexicano cese la necesidad. Sin embargo, en caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida y propiedades de los ciudadanos de los Estados Unidos, quedan autorizadas las fuerzas de dicha República para obrar en la protección sin previo consentimiento, retirándose cuando cese la necesidad de su empleo.
Sexto.- México concede el siempre tránsito de tropas, abastos militares y pertrechos de guerra por el Istmo de Tehuantepec, y por el tránsito o ruta de comunicación que alude este convenio.
Séptimo.- México concede por la presente a los Estados Unidos a perpetuidad y a sus ciudadanos y propiedades, el derecho de vía o tránsito.
Octavo.- Convienen las dos repúblicas la lista adjunta de mercancías. (Lista de mercancías).
Noveno.- Se estipula que se permitirá el ejercicio de su religión para los ciudadanos de México, y a los ciudadanos de los Estados Unidos.
Décimo.- En consideración a las precedentes estipulaciones conviene el gobierno de los Estados Unidos en pagar al gobierno de México la suma de 4,000,000 de duros, dos de los cuales se pagarán inmediatamente después de canjeadas las ratificaciones de este tratado, y los otros dos millones quedarán en poder del gobierno de los Estados Unidos, para pagar las reclamaciones de ciudadanos de los Estados Unidos contra el gobierno de la República Mexicana, por daños y perjuicios sufridos ya, después de probada la justicia de esas reclamaciones según la ley y el uso de las naciones y los principios de equidad.
Onceavo. Este tratado será ratificado por el presidente de los Estados Unidos, con el consentimiento y consejo del Senado de los Estados Unidos, y por el presidente de México, en virtud de sus facultades extraordinarias y ejecutivas, y las respectivas ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Washington, dentro del preciso término de seis meses, a contar desde la fecha de su firma, o antes si fuese posible, o en el asiento del gobierno constitucional.
Pese a firmarse entre las dos naciones, el Congreso estadounidense no lo aprobó, alegando que contravenía a los intereses de los Estados Unidos. La votación quedó así: 27 votos en contra por 18 a favor; pese a que la Comisión del Senado hizo algunas modificaciones, no fue aprobado. Y ya para cuando se intentó ampliar la prórroga para la ratificación de los tratados para noviembre de 1860, los liberales estaban muy cerca de ganar la guerra y por eso rechazaron una en esos días, y la posterior durante la guerra de secesión estadounidense.
¿Por qué la rechazó el Congreso estadounidense un tratado que le favorecía tan ampliamente? Básicamente por seis razones. La primera, al ser un tratado de libre comercio (Carlos Salinas no fue el primer presidente de México en hacer uno con los Estados Unidos) surgió el debate entre los proteccionistas y los libre cambistas. Segundo, no fue un tratado que incluía la tan anhelada compra venta de los territorios que sólo hubiera beneficiado a los estados esclavistas. Tercero, el documento obligaba a los Estados Unidos a mantener abierto los pasos sin ser necesariamente para uso de fines militares. Cuarto, la desconfianza de que el gobierno de Juárez pudiera sostener los acuerdos por la misma inestabilidad de su gobierno. Quinto, los intereses de otras naciones, Nicaragua y Colombia, por tener para sí el negocio de un paso interoceánico, influyeron en muchos senadores. Y por último, los Estados Unidos tenían tratados con algunos países europeos y eso los hubiera obligado a firmar uno similar perdiendo todas las ventajas.
Juárez viola la Constitución.
El artículo 72 de la Constitución de 1857 establece las competencias en materia internacional, dejándole al Congreso la facultad para “aprobar los tratados, convenios o convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo” (inciso XIII), además de “conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Federación, y consentir la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en las aguas de la República” (inciso XVI).
De igual forma, el articulo 85 otorga al presidente las siguientes facultades: “dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar tratados con potencias extranjeras, sometiéndolas a la ratificación del Congreso” (inciso X). Y el 126 dice que “esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieran por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión”. Visto esto, podemos ver claramente que solo los Tratados que el presidente firmara serían validos sí el Congreso los ratificaba, y como no se tenía Congreso en ese momento, el presidente violaba la Constitución claramente porque no tenía facultades para hacerlo sin el Congreso.
Los defensores de Juárez sostienen que dada las facultades extraordinarias que tenía en ese momento, podía expedir las medidas convenientes que permitieran el restablecimiento de la paz pública y usar los fondos suficientes que permitieran satisfacer esa paz, y como el tratado estipulaba que México recibiría cuatro millones de dólares, estaba justificado el firmarlo. Sin embargo, los que defienden ese argumento carecen de sustento porque la Constitución de 1857 daba esas facultades para proporcionarle al presidente hacerse de recursos solo para los siguientes casos: para arreglar la deuda, disponer de guardias nacionales para los estados, situar fuerzas en diversas poblaciones del país y mantener al Ejecutivo en un lugar distinto al que estuvieran los poderes federales, pero nunca para celebrar un tratado de esa magnitud.
Pero también hay otra cosa. Muchos, entre ellos los Estados Unidos, consideraban al gobierno de Juárez como de facto, pero en realidad era un gobierno de iure, o sea de derecho o legal, y por tanto tenía que regirse bajo la normatividad de la Constitución, y pese a que gozaba de facultades extraordinarias éstas nunca debían ser superiores al marco constitucional. Por lo tanto Juárez no tenía facultades para celebrar este tipo de tratados, y menos poniendo en riesgo la misma republica, y considerados por muchos como delito de alta traición a la patria. Por lo tanto Benito Juárez violó flagrantemente la Constitución de 1857.
Fue tan evidente la violación a la Constitución, que en la sesión del Congreso ya en funciones del 29 de mayo de 1861, el presidente del mismo, José María Aguirre, acusó a Benito Juárez de “olvidar el decoro nacional hasta el punto de ponerlo a los pies de los norteamericanos por medio del Tratado Mclane- Ocampo”. Si la propuesta hubiera prosperado se le hubiera hecho juicio con base en el artículo 103 que estipulaba que el presidente sólo podría ser acusado por los delitos de “traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común”. Siendo los dos primeros la base para el juicio.
Pese a que no prosperó esa acusación, el Congreso sí le puso un candado a Juárez ya casi al umbral de la guerra con Francia cuando se le otorgaron nuevas facultades, entre ellas la de celebrar Tratados sin la aprobación del Congreso, pero sólo limitándose a que éstos salvaran la independencia nacional e integridad del territorio.
Las razones de Juárez.
Mucho se ha dicho acerca de qué motivó a Juárez a firmar un tratado de ese tipo con los Estados Unidos. Los historiadores no se han puesto de acuerdo exactamente en las razones, pero casi todos consideran lo mismo: fueron las circunstancias extremas las que propiciaron que se firmara. Los conservadores avanzaban con mucha rapidez, Miramón estaba a punto de atacar Veracruz, la Corona española presionaba y la posibilidad de una invasión estadounidense era latente. Pero todos coinciden en una cosa: de haberse aplicado, hubiera traído consecuencias funestas al país. Justo Sierra declaró que “el Tratado o seudo tratado Mclane-Ocampo, no es defendible; todos cuanto lo han refutado lo han refutado bien; casi siempre han tenido razón”. Y José Fuentes Mares lo definió como “crimen en grado de tentativa”, pero crimen al fin.
¿Qué motivó a que mentes tan brillantes firmaran un tratado así? ¿Desesperación por sentir que la causa estaba perdida? Los defensores de Juárez sostienen que el haberlo firmado fue una jugada magistral que evitó una invasión y ganó la guerra, demostrando tu talante de estadista. Sin embargo, eso se dice porque al final de cuentas así sucedió, pero no quiere decir que eso lo tenía planeado Juárez porque si ese fuera el caso hubiera tenido poderes tan extraordinarios que podría incidir en los miembros del Congreso estadounidense, cosa que no era así, porque si no tenía el control de México, ¿podía controlar a los senadores estadounidenses? Difícilmente. Más bien Juárez se la jugó aun a sabiendas de que si el tratado se aprobaba posiblemente México hubiera tenido que ceder muchos territorios a la larga. Lo firmó con la esperanza de que fuera rechazado o que nunca se aplicara, pero sin la certeza de que eso sucedería. Muchos también alegan que no se le puede acusar de un tratado que nunca entró en vigor, y por eso no cometió traición a la patria. Pero ese argumento no es tan válido porque el hecho de que el Congreso estadounidense no lo aprobara no significa ni le resta que Benito Juárez firmara un tratado en esas condiciones tan desfavorables.
La realidad es que el tratado a todas luces no era benéfico para el país, y manchaba enormemente la imagen de impoluto que Benito Juárez tenía desde ese tiempo y que siempre se ha mantenido, siendo seguramente esa una de las razones por las cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores lo mantuvo como confidencial, negándole el acceso tanto a defensores como a detractores de Juárez. Sin embargo hay que aclarar que lo mantuvo en sigilo la secretaría fue el acuse de recibo del Congreso, ya que el original se quemó en un incendio accidental en 1872. El documento se puede consultar en los Archivos Nacionales de Washington. Sin embargo, no deja de levanta suspicacias el hecho de que la secretaría lo hubiera guardado como confidencial.
Sin embargo, el tratado parece más un acto meramente de pragmatismo por parte de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque ese dinero le ayudó a financiarse para ganar la guerra un año después. Así las cosas, ningún historiador puede defender dicho tratado, más bien intentan, aunque a veces parece justificación, el contexto en cual se firmó. Pero todos llegan al mismo punto: no es defendible por ningún lado.
Pero no deja de ser un hecho menor el que Benito Juárez, quién siempre tuvo como bandera el respeto a la Constitución sobre todas las cosas, la haya violado.
Tomado de El Gueto de las Ideas: http://guetodeideas.blogspot.mx/2012/04/
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